Ciudades Modelo
¿Cómo resultaría que un país, con sus propias leyes, su sistema tributario, su política de inmigración y su policía, se instalará dentro del territorio de otro país? Este planteamiento se está haciendo realidad con estas “islas” territoriales llamadas Ciudades Modelo que es un proyecto que está avanzando a pasos agigantados en Honduras.
Este polémico proyecto pretende impulsar el desarrollo de la economía en el país pero quienes lo critican, hablan de nada menos que de privatización del suelo hondureño: las ciudades modelos serán construidas por inversionistas privados y manejadas de manera autónoma. Sus defensores desmienten esta versión: “El Estado de Honduras seguirá ejerciendo su derecho a la soberanía en materia de defensa y relaciones exteriores sobre las ciudades modelos, así que no es una venta del territorio“, decía en su momento el presidente del congreso, Juan Orlando Hernández.
Las ciudades modelo o Zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE) serán, para algunos, como países creados dentro de otros países. El estatuto y las leyes que las regirán, así como los convenios que se decidan firmar, deberán ser refrendados por el gobierno de Honduras, o al menos así consta en la reforma constitucional de 2011, que fue necesaria para allanar el camino a este polémico proyecto.
Este proyecto, inspirado en la idea de la charter city del economista estadounidense Paul Romer, es polémico por muchas razones pero, la principal es el miedo a la separación de clases, ya que parece que estas ciudades pueden ser un gran muro entre lxs hondureñxs que se queden “fuera” y las personas que vivan dentro. “Considero que el establecimiento de programas de supuesto desarrollo que representen salirse del régimen territorial del país, tales como las ‘Ciudades Modelo’, que desplazarían poblaciones y pretende generar un régimen legal distinto y autónomo del estado, son una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el estado con la población en su territorio” expresaba Frank La Rue, relator de Libertad de Expresión de la ONU.
Por otro lado, el gobierno hondureño, señala en la reforma constitucional, que el objetivo principal de las ciudades modelo es promover el desarrollo, a través de la creación de oportunidades y empleos. La charter city empezaría como “(…) un pedazo de territorio sin habitar, del tamaño de una ciudad, y una constitución que especifica las reglas que aplicarán ahí“, explicó Romer en una entrevista con el blog Freakonomics. “Si la Constitución contiene buenas reglas (o, como decimos profesionalmente, buenas instituciones), millones de personas se unirán para construir una nueva ciudad“, añadió, aunque hay quien opina que esos empleos se crearán durante el tiempo que haga falta mano de obra, y luego desaparecerán una vez que las ciudades estén construidas, por lo que hablamos principalmente, de empleos de sueldos precarios y destinados a la población local.
A su vez, Frank la Rue, relator de libertad de expresión de la ONU considera a estas ciudades “una violación a la soberanía nacional y la garantía de respeto y promoción de los derechos humanos que tiene el estado con la población en su territorio“, según escribió en un informe tras una visita en agosto de este año.
Otra fuente de debate es dónde serán construidas estas polémicas ciudades. Organizaciones de defensa de los derechos de pueblos indígenas, temen la expropiación de territorios para su establecimiento y declaran que están en riesgo muchos territorios cuyos recursos naturales son una gran riqueza. Desde hace años, pequeñas aldeas y puertos alejados del turismo centroamericano, están en el punto de mira de quienes avanzan el proyecto. Por ello, para los alcaldes de estas pueblitos en zonas salvajes y/o puertos abandonados, la preocupación principal ante este ambicioso proyecto, se traduce en la incertidumbre sobre el destino de quienes viven ahí y si los habitantes de esas zonas obtendrán, de verdad, beneficios reales y a largo plazo, de estas ciudades modelo.
Según el Artículo 329 de la reforma constitucional de honduras, las regiones especiales de desarrollo “(…) son entes creados con el propósito de acelerar la adopción de tecnologías que permitan producir y prestar servicios con un alto valor agregado, en un ambiente estable, con reglas transparentes capaces de captar la inversión nacional y extranjera que se requieren para crecer aceleradamente, crear los empleos que se necesitan para reducir las desigualdades sociales, dotar a la población de los servicios de educación, salud, seguridad pública y la infraestructura necesaria que permita una mejora real en las condiciones de vida de la región“.
El debate seguirá, sin lugar a dudas, abierto e incandescente. Muchas opiniones giran en torno a este proyecto que, si bien pretende traer riqueza al país, también amenaza con aumentar la segregación social y la violencia producto de esta separación de clases, ¿ustedes que opinan?.
Fotógrafa profesional, directora de arte y profesora de fotografía con 19 años de experiencia en el campo. Vivió en San Francisco, CA. desde el 2008 al 2016 y vive en la Ciudad de México desde hace tres años donde, además de lo mencionado, trabaja como creadora de contenidos.